Tarek Williams Saab aseguró que “ningún organismo tiene cifras verificables y me temo que las cifras que se han estado difundiendo están abultadas y están llenas de inconsistencias

El problema migratorio venezolano es multidimensional lo que obliga a buscar las diversas perspectivas de la crisis, en función de tratar de conseguir una lectura amplia de la compleja problemática.

Buscando la visión de los entes jurídicos que ejercen su influencia sobre la sociedad y tienen la representatividad de los poderes del Estado ante el país y el exterior, buscamos la apreciación del Ministerio Público sobre el problema.

Logramos el contacto, vía la plataforma WhatsApp, con Tarek Wllliam Saab, titular de la Fiscalía General de la República, quién accedió a responder los interrogantes que le enviamos sobre el tema: Migrantes y refugiados como problema.

-¿Cómo define el Ministerio Público venezolano la crisis migratoria del presente siglo? ¿Cómo percibe el denominado flujo masivo mixto pendular entre fronteras?

-Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad desde su origen, Siempre han existido. El principal motivo de la movilidad humana ha sido siempre la búsqueda de mejores condiciones de vida. Las guerras, las catástrofes, la escasez de recursos e incluso las historias que imaginan riquezas exuberantes en otras tierras, como El Dorado, han impulsado a la gente a salir de sus tierras y aventurarse en otras. En el caso específico de nuestro país, fue un gran receptor de migrantes que buscaban mejores condiciones de vida que huían de las guerras en Europa, de la pobreza y la violencia de Colombia y Perú, o que huían de las dictaduras del Cono Sur, entre otros. A partir de la grave crisis económica que se desató a mediados de los años 80, tras el viernes negro, y que se alargó hasta el finales de los 90, eso empezó a cambiar. Muchas personas de la clase media venezolana comenzaron a emigrar. La notable mejoría económica vivida en los años 2000 redujo esa migración económica y dio pie a una migración por razones políticas. Gente que temía a los cambios que estaban ocurriendo en el país. Pero es a partir de la intensificación de la violencia política insurreccional y de la exacerbación de las medidas coercitivas unilaterales que se desata la actual crisis migratoria.

-¿Cuál es el origen, las causas y consecuencias de esta situación país?

-El origen de esta crisis es el interés de Estados Unidos por ejecutar un cambio de régimen en Venezuela. Para ello han estado dispuestos a someter a nuestro país al hambre, la falta de combustibles, de servicios y de medicinas para producir un levantamiento contra el Estado. Esto ha sido explicitado por altos jerarcas de Washington, no es una opinión. Las medidas coercitivas afectaron los ingresos hasta reducirlos en más de un 90%, se ha impedido la compra de repuestos y aditivos para la industria petrolera, se han confiscado cuentas y bienes nacionales en el extranjero, se ha perseguido en el mundo a cualquiera que haga negocios con el Estado venezolano, se ha perseguido a los empresarios que han llevado alimentos al país, como es el caso de Alex Saab, esto junto a la guerra económica que ha buscado destruir nuestra moneda.

Tarek Wllliams Saab hizo énfasis en que el tema venezolano posee un ingrediente que aportan los adversarios del proceso político que vive Venezuela y señala que “esta crisis migratoria también ha contado con un elemento de propaganda internacional que ha convencido a muchos venezolanos de que en el extranjero serían recibidos con los brazos abiertos y que tendrían todas las facilidades para instalarse y hacer una vida productiva. Cuestión que lamentablemente no ha ocurrido”.

“En ese sentido, creo que la actual crisis migratoria que vive nuestro territorio es la consecuencia de una política de agresión orquestada desde Estados Unidos y ejecutada con apoyo de gobiernos satélites que se han prestado para agredir a Venezuela y, de paso destruir los procesos de integración latinoamericana”, señaló el titular del Ministerio Público.

Agregó que deben deben tomarse en cuenta los intereses geopolíticos que están en juego para, lo que en su criterios es, una lectura acertada de la coyuntura: “Esta crisis además ha sido manipulada políticamente, pues internacionalmente se ha impuesto el discurso de que la gente deja el país huyendo de una crisis humanitaria provocada por el Gobierno, cuando en realidad huyen de las consecuencias de las medidas coercitivas. En ese sentido, en vez de reconocer que se trata de migrantes económicos, se les ha dado un falso estatus de refugiados o de desplazados en el extranjero. Esto último, un concepto específicamente creado para los venezolanos.

-¿El fenómeno de los migrantes y refugiados es una crisis mundial o solo local?

-Sobre si se trata de un fenómeno internacional o local, basta con ver las noticias para darse cuenta de que se trata de una crisis mundial. Las noticias nos hablan de una crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, de caravanas de migrantes que cruzan Centroamérica, del colapso de la ruta migratoria de la costa Caribe colombiana hacia el Darién, del horror de la crisis migratoria en el Mediterráneo con sus miles de muertos, de la crisis migratoria en el Canal de la Mancha, de la tensión migratoria entre Marruecos y España, entre Polonia y Bielorrusia, entre Turquía y Grecia, entre otras muchas. Según cifras recientes de la ONU, la cantidad de migrantes internacionales en todo el mundo creció de 84 millones en 1970 a 281 millones en 2020, a la vez que 2020 fue el noveno año consecutivo de aumento de refugiados y desplazados, alcanzando un nuevo récord de 82,4 millones, cifra que es más del doble de lo que había una década antes.

-Sobre el tema de las deportaciones de venezolanos desde Chile y Trinidad… ¿Qué opinión se puede recoger de esta situación y cómo se defienden los DDHH de los deportados?

-Lo primero que debo decir al respecto es que las deportaciones masivas o arbitrarias están prohibidas en el Derecho Internacional y son violatorias de los derechos humanos, pues toda persona que ingresa a un país tiene derecho a ser escuchada y a que su caso sea estudiado individualmente. La migración no es un delito. Lamentablemente, se trata de un tema donde chocan las prerrogativas de cada país con respecto a los no ciudadanos por un lado y los derechos de los migrantes por otro. Allí hay una zona gris de difícil conciliación.

En función de complementar su respuesta señaló: “Para el Ministerio Público venezolano es muy difícil intervenir en este tema, pues la naturaleza de nuestra institución es la investigación y persecución de los delitos cometidos en el territorio nacional y no la protección de las personas migrantes, que están sujetas a las leyes de los países de destino. Sin embargo, hemos propuesto una reforma al Código Orgánico Procesal Penal que ha sido aprobada en septiembre de este año, la cual permite a los venezolanos en el exterior acudir a los consulados venezolanos a presentar denuncias o prestar declaraciones en casos de violaciones a los derechos humanos”.

-El ministerio público ha adelantado alguna agenda de trabajo legal para proteger en términos jurídicos a los ciudadanos venezolanos que viven fuera del país.

-El Ministerio Público no tiene competencia para actuar en ese ámbito. Nos corresponde investigar los delitos ocurridos en el país o aquellos cometidos por venezolanos contra otros venezolanos en el extranjero y ejercer la acción penal. Este es un tema que debe ser abordado por el Estado venezolano como un todo. Ya existen políticas valiosas como el Plan Vuelta a la Patria, que ha permitido a casi 30 mil venezolanos retornar a su tierra. También se creó en la Asamblea Nacional una Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos en el Exterior. En el seno de esa comisión se está estudiando también dotar al Estado de instrumentos que le permitan regular, atender y acompañar los procesos de movilidad humana de los venezolanos. Se trata de un asunto importante porque falta establecer una política de Estado para la atención de la población venezolana en el exterior.

-¿El Ministerio Público ha interactuado con alguna institución académica (pública o privada) encargada del seguimiento y evaluación de esta situación país, para generar resultados positivos a la nación?

-No le corresponde al Ministerio Público hacer este tipo de seguimiento o evaluación en materia de migración.

-Sobre los casos de los migrantes venezolanos… ¿Cuántas denuncias específicas sobre la violación de los DDHH han recibido? ¿Qué se ha realizado en el plano jurídico?

-Es importante precisar que el Ministerio Público no tiene competencia para investigar hechos ocurridos en el extranjero, a menos que se trate, como ya expliqué, de delitos cometidos por venezolanos contra otros connacionales. Los crímenes cometidos contra venezolanos en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil o Chile deben ser investigados por las autoridades de esos países.

-¿Tiene alguna denuncia específica sobre el tema de trata de personas en la frontera del país? ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio Público?

-Hasta ahora hemos procesado 41 casos de trata con alcance trasnacional. Sobre este tema, el Ministerio Público mantiene coordinaciones permanentes con la Cancillería venezolana y ha dispuesto un protocolo de atención para todos los venezolanos que han sido víctima de este terrible delito. Este protocolo comprende, entre otros aspectos, la recepción del testimonio de las víctimas en nuestras sedes consulares y diplomáticas, la asignación inmediata de la Fiscalía Nacional de Trata de Mujeres o de Niñas, Niños y Adolescentes según sea el caso, a los fines de que inicie la investigación y la solicitud de cooperación penal internacional, y la repatriación de las víctimas a través del Plan Vuelta a la Patria y su recepción en territorio venezolano por un equipo multidisciplinario para su atención y protección.

-¿Qué consideración tiene sobre el manejo de la figura de los refugios fronterizos para los denominados migrantes pendulares entre Venezuela y Colombia?. ¿En esta plataforma humanitaria se respetan los DDHH?

-Como expliqué antes se ha pretendido instaurar en la agenda humanitaria trasnacional la idea de que los migrantes venezolanos que salen del país buscando mejores condiciones de vida en otros países, como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela, sean considerados como refugiados. Pero esta pretensión no tiene asidero jurídico. La principal característica de un refugiado es que se trata de una víctima de persecución y que por tal motivo no puede regresar a su país, ya que su vida correría peligro. Para determinar eso existen estándares internacionales que exigen una mínima verificación individual de cada caso, que no se están aplicando. Y la realidad desmiente a la ficción, cada día vemos como personas que salieron del país regresan a rehacer su vida en Venezuela después de sufrir de xenofobia y violencia en los países de destino, tras ser explotados laboralmente y no recibir ningún apoyo gubernamental, o incluso tras ser expulsados de los mismos. Y aquí son recibidos sin ningún inconveniente. Detrás de esa pretensión hay intereses políticos, por un lado de agredir al Estado venezolano, y por otro de obtener recursos económicos para financiar tanto a la burocracia internacional como a los países de destino. Los menos favorecidos con esos recursos son los migrantes venezolanos.

¿Por qué se considera esta crisis migratoria apología al racismo, a la exclusión y a la aporofobia en nuestro continente?

-Todas las crisis migratorias tienen un alto contenido de racismo y aporofobia. Europa ha blindado sus fronteras y ha externalizado a otros países el control migratorio para no recibir las migraciones que vienen de África y Asia como consecuencia de la ruina que dejó en sus antiguas colonias, o las guerras promovidas y ejecutadas por la propia Europa y su máximo socio, los Estados Unidos. Pero si usted tiene dinero, será bienvenido en cualquier país europeo sin problemas. En el caso de los migrantes venezolanos hay varias categorías. Hay unos que pagan fortunas para llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos y luego cruzan caminando para pedir asilo. Muchos son deportados, hay que decirlo. Mientras que hay quienes urgidos por su situación cruzan a pie los caminos de Suramérica hasta encontrar un sitio donde creen que podrán mejorar sus condiciones. Lamentablemente hay suficientes evidencias de que tanto en Colombia como en Perú han sido maltratados y utilizados políticamente para exacerbar la xenofobia.

Saab coloca el foco sobre las situaciones que se presentan en territorio colombiano con los conciudadanos: “En el caso colombiano basta con ver las cifras que difunden las organizaciones colombianas y que nosotros presentamos en una declaración reciente ante los medios. Al menos 1.933 migrantes venezolanos fueron asesinados y otros 836 fueron dados por desaparecidos entre 2015 y 2020 en Colombia, según la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La tasa de homicidios de la población venezolana es 2,8 veces mayor que la del resto de la población en Colombia. Además, entre enero y agosto de 2021, fueron asesinados otros 362 venezolanos. Lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas han salido del país con muy pocos recursos y han vivido esta violencia”.

En su mirada panorámica sobre América Latina señala que “hay también ejemplos como el de Chile, que instauró una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, que no es más que un mecanismo para elegir a los migrantes que el gobierno derechista chileno quiere: con estudios, con experiencia laboral, con cierto nivel socioeconómico y quién sabe si con determinado color de piel. Paralelamente, este país está realizando expulsiones masivas de venezolanos, colombianos, haitianos, peruanos y bolivianos pobres con distintas excusas”.

-¿Por qué el sistema judicial venezolano no maneja cifras oficiales sobre el tema del flujo masivo mixto de migrantes y refugiados?

-Porque no es su competencia. El Sistema de Justicia puede llevar estadísticas de los venezolanos detenidos en el exterior, según la información recibida a través de Interpol, también de los venezolanos solicitados en extradición por delitos cometidos en el extranjero, entre otros de su competencia, pero no tiene atribuciones en materia migratoria. En todo caso, ante la importancia de la movilidad humana ocurrida en los últimos años, las cifras que se emiten no son más que proyecciones. Ningún organismo tiene cifras verificables y me temo que las cifras que se han estado difundiendo están abultadas y están llenas de inconsistencias.

-¿Cuál es el marco legal nacional e internacional que defiende a los migrantes y refugiados venezolanos fuera de nuestro país?

-Los migrantes y refugiados venezolanos fuera de nuestro país están protegidos por las normas del Derecho Internacional y los convenios y tratados suscritos por cada país en el que se encuentran. Existen convenios en materia de trabajadores migrantes y sus familias, así como en materia de refugio que pueden ampararlos. En términos generales, no se pueden violar sus derechos humanos, porque ello entraña responsabilidad internacional para los países receptores. Cada país, en base a su legislación debe darles la oportunidad de explicar las razones de su movilidad y darles la oportunidad de establecerse allí legalmente, y si no es así, garantizar las condiciones para una salida segura de ese país, con plena garantía de sus derechos humanos. Aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o deseen regresar, pueden acudir a los consulados de Venezuela y pedir su repatriación con el Plan Vuelta a la Patria.

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